Recientemente he leído muchos artículos en la prensa en donde las personas se cuestionan por la no reducción de los precios de los productos después de la entrada del DR-CAFTA y, lo que es peor, se decepcionan por la respuesta de representantes del gobierno que afirman que se deberá esperar unos meses para que bajen los precios.
La verdad es que como consecuencia del DR-CAFTA los precios no bajarán y ello por una sencilla razón: las políticas de liberalización comercial, es decir, los Tratados de Libre Comercio, no han servido para incrementar la competencia en los mercados y como consecuencia no han generado una disminución de los precios, y no puede ser menos el caso del DR-CAFTA.
Una política de apertura comercial no puede sustituir adecuadamente a una Ley de competencia nacional, que permita que los precios sean los fijados libremente por el mercado. Debe resaltarse que el empresariado local, por sí mismo o con la colaboración de empresas extranjeras, siempre buscará la forma de impedir que sus beneficios se reduzcan como consecuencia de la eliminación de barreras de entrada arancelarias.
Las empresas afectadas por la eliminación a las barreras de entradas, entendiendo muchas de ellas que el gobierno debiera compensarles por las pérdidas que les genera este cambio, tendrán incentivos para buscar la forma de que el gobierno les beneficie con barreras no arancelarias (subsidios, cuotas, leyes protectoras) a los fines de que ellas puedan continuar siendo competitivas en el mercado.
El empresariado nacional desarrollará conductas de búsqueda de rentas en vez de producción de rentas y en razón de las debilidades institucionales de la República Dominicana, es muy fácil para la industria doméstica obtener esta protección del gobierno.
Asimismo, bien de manera subsidiaria o complementaria a las restricciones a la importación, intentarán formar carteles en algunos casos convenciendo al competidor extranjero de que participe en el cartel, o bien haciéndolo solo las empresas locales.
En cualquiera de los dos casos, bien mediante la formación de un cartel o mediante la búsqueda de rentas, las empresas obtendrán beneficios en perjuicio de los consumidores, impidiendo que estos paguen por un determinado producto el precio más barato posible, ya que a este precio posiblemente algunas de estas empresas locales tendrían pérdidas o bien saldrían del mercado.
Esto quiere decir que aunque la República Dominicana cuente a la fecha con una considerable apertura comercial, dado los distintos acuerdos de libre comercio suscritos, la misma es una condición necesaria pero no suficiente para eliminar todas las barreras al comercio que existen ni las arraigadas tradiciones anticompetitivas.
No cabe duda de que será necesario promulgar una Ley de Defensa de la Competencia que elimine todas esas posibles prácticas restrictivas a la libre competencia, a los fines de que los efectos de los acuerdos de apertura comercial suscritos trasciendan en beneficio y a favor de los consumidores dominicanos.
Si no se aprueba esa Ley de Defensa de la Competencia, no se podría esperar que con la reciente entrada en vigor del DR-CAFTA y como por arte de magia los precios de los productos caigan en picada.
viernes, 29 de junio de 2007
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